PRISIÓN POR DEUDA

EJECUCIÓN DE CONDENA DE PRISIÓN E IMPAGO DE LA INDEMNIZACIÓN


La actual regulación de la suspensión de la ejecución de la pena exige que el Juez adopte su decisión atendiendo entre otras circunstancias, al esfuerzo del penado por reparar el daño causado además de las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución.


Entendiendo en este punto, el legislador que el esfuerzo del penado por reparar el daño se entenderá cumplido cuando asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y posibilidades físicas.


El esfuerzo por reparar el daño causado no debe por lo tanto reducirse a la mera compensación de los daños materiales sino que exige valorar la intención del procesado por subsanar su error o disminuir sus efectos, su arrepentimiento, la solicitud de perdón y su propósito de remediar todos los perjuicios causados, tanto físicos, psíquicos y económicos, incluyendo el daño moral o compensación por el sufrimiento de las víctimas, que en algunos delitos se limitan exclusivamente a una mera cuestión económica al ser la víctima un ente público y no una persona física.


Del sentido literal del precepto se desprende que “el esfuerzo por reparar el daño” deberá ser en todo caso valorado por los órganos judiciales atendiendo siempre a la capacidad económica del penado, aceptando incluso, en defecto de su abono efectivo, un compromiso firme de pago, pues de lo contario, la suspensión de la pena sería un beneficio condicionado a la capacidad económica del reo y vetado para aquellos cuya posición económica les impidiera objetivamente hacer frente a las cantidades civiles que se hubieran establecido. Pudiéndose adverar que entonces habría una justicia para los ricos y una justicia para los pobres.

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